HAY quien piensa que la gran debilidad que tiene la Ley de Patrimonio Histórico de Andalucía es, más que nada, un pequeño descuido; el de olvidar en su disposición derogatoria la obligación de adaptarse a la nueva Ley de los Planes de Protección anteriores a su promulgación.
Este detalle, que pudiera parecer un tecnicismo sin mayor importancia, acaba por convertirse en un problema con una precisa repercusión en la protección patrimonial de los Conjuntos Históricos que disponen de un Plan aprobado con la antigua Ley.
En Granada en concreto, el caso del Albaicín y de su Plan es un claro ejemplo de las consecuencias de ese descuido derogatorio de los legisladores.
Mucha gente ha conocido a través de los medios de comunicación que ese Plan Especial que pretende defender al barrio de los peligros que acechan a su patrimonio es del año 1991 y también se ha enterado mucha gente de que el Ayuntamiento de la ciudad, después de llevar trabajando unos años en la revisión del mismo, ha decidido ahora renunciar a su renovación y seguir utilizando el que ya existe. Y es posible incluso que mucha gente se haga la pregunta de que si ya existe un Plan y el Plan es legal, ¿dónde está el problema?
Al margen del eterno recurso del Ayuntamiento de Granada a la confrontación con la Junta de Andalucía, que tanto réditos electorales le proporciona y en el que, si me lo permiten, no voy a entrar, sí que me parece urgente reflexionar ante las consecuencias que la renuncia expresada a continuar con la tramitación, pueden tener sobre este barrio al que el alcalde, desde el principio de su mandato, no ha prestado más atención que la que le era sugerida por los empresarios de la hostelería, ubicados, curiosamente, fuera del barrio.
La verdad es que las opiniones expresadas hasta la fecha con respecto a lo que pudiera pasar, son algo apocalípticas en algunos aspectos y bastantes acertadas en otros. Por ejemplo, la construcción de la Torre Pelli en Sevilla y el papel que la Unesco ha jugado en el proceso evidencia que para salir de la lista de Patrimonio de la Humanidad, tendríamos, poco menos, que matar a la señora Irina Bokova, directora general de la Organización y que algo tan "administrativo" como la aprobación del Pepri Albaicín no va a ocupar ni una casilla de la agenda de la Unesco.
Tampoco es verdad que dejen de llegar subvenciones porque no exista Plan, de todos modos no iban a llegar y tampoco es verdad que se pierdan inversiones porque no se apruebe el Plan. Un Plan especial contempla un presupuesto de los proyectos planteados para su ejecución, pero no garantiza la financiación del mismo, simplemente plantea lo que costaría hacerlos.
Tampoco es verdad que se paralicen la actividad constructiva, de hecho, se podrán seguir concediendo licencias a los promotores como se han estado concediendo en estos últimos años de vigencia y esas licencias tendrán el carácter protector que hasta ahora han tenido por lo que, al menos en cuanto a los peligros al patrimonio que se detectaron en el año 1991, no hay ningún problema y todos podremos estar tranquilos.
El problema está precisamente en que los peligros que acechan al barrio en la actualidad puede que no sean los mismos que le acechaban en el año 1991 y que esos peligros nuevos incluso pueden ser mucho más agresivos y dañinos contra el patrimonio que los de aquella época.
La propia Unesco descubrió hace no demasiado tiempo que uno de los mayores peligros que existen en la actualidad para los lugares patrimonio de la humanidad era su propia declaración que generaba un efecto llamada especialmente nocivo para su preservación. Ese
efecto llamada se rentabilizaba económicamente en una industria que todos entendemos como fundamental en una ciudad como Granada, el turismo. Y esa gran industria no ocupa un gran parque industrial o un polígono tecnológico, sino que tiene montado el taller, por así decirlo, en un espacio tan delicado como es el espacio protegido de un Conjunto Histórico.
Esos nuevos peligros que genera una forma inadecuada de explotación de esa actividad económica que se abre en diferentes posibilidades; desequilibrio en la prestación de los servicios básicos de basura, limpieza, etc, cambios de uso de residencial a hostelero, uso y abuso de espacios públicos por negocios, contaminación visual o acústica, modificación o destrucción del caserío para su adaptación a hoteles o bares, fricciones con los residentes, carga y descarga de turistas en lugares complejos, planes de movilidad y tráfico adaptados a la explotación turística, y algunos o muchos más, son los que hacen necesaria de forma perentoria la revisión del antiguo Plan y su adaptación a la nueva Ley.
Estos nuevos peligros tiene además una capacidad destructiva que no tenían los antiguos. Entre otras cosas, porque la crisis de la actividad inmobiliaria tradicional ha reconducido la especulación hacia estos recursos que corren el riesgo inmediato de su agotamiento y destrucción.
Sólo esa posibilidad, y no la visión corta de miras de satisfacer los intereses inmediatos del negocio de la hostelería, debería ser suficiente para que el Ayuntamiento de Granada redoblara sus esfuerzos para proteger el barrio histórico y a sus habitantes.
