La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha sido autorizada por el Consejo de Ministros para la venta del 10% de Red Eléctrica de España (REE) al sector privado.
Entre esta venta y otras a las que ha sido igualmente autorizada, el grupo público pretende alcanzar un beneficio consolidado de 240 millones de euros en 2011 a cambio de "privatizar" sectores estratégicos de la economía española y, sobre todo, de su industria.
Curiosamente, la rápida venta, una vez emitido informe por el Consejo Consultivo, entra en contradicción con las tesis defendidas por numerosos especialistas que plantean la necesidad de recuperar cuotas importantes de decisión por parte del Estado en sectores estratégicos y especialmente en la energía. El debate en torno a la energía nuclear, tras el accidente provocado en la central de Fukushima, ha orientado igualmente las posibles líneas de intervención sobre este tipo de energía, más en el control público de las mismas, que en su desaparición definitiva.
La propuesta del gobierno español, se alinea así con las posiciones más conservadoras en defensa del negocio privado frente a la seguridad y el control público de sectores de especial relevancia estratégica.
Entre esta venta y otras a las que ha sido igualmente autorizada, el grupo público pretende alcanzar un beneficio consolidado de 240 millones de euros en 2011 a cambio de "privatizar" sectores estratégicos de la economía española y, sobre todo, de su industria.
Curiosamente, la rápida venta, una vez emitido informe por el Consejo Consultivo, entra en contradicción con las tesis defendidas por numerosos especialistas que plantean la necesidad de recuperar cuotas importantes de decisión por parte del Estado en sectores estratégicos y especialmente en la energía. El debate en torno a la energía nuclear, tras el accidente provocado en la central de Fukushima, ha orientado igualmente las posibles líneas de intervención sobre este tipo de energía, más en el control público de las mismas, que en su desaparición definitiva.
La propuesta del gobierno español, se alinea así con las posiciones más conservadoras en defensa del negocio privado frente a la seguridad y el control público de sectores de especial relevancia estratégica.
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