Hasta el momento en que escribo estas palabras, no hay ninguna noticia que desmienta que Andrés Ollero, exdiputado del PP por Granada y miembro supernumerario del Opus Dei, la secta católica que más poder tiene en la actualidad en el Vaticano, con prelatura propia incluida, será el redactor de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre los recursos de inconstitucionalidad planteados por el propio PP sobre la Ley de interrupción voluntaria de embarazo que aprobó el anterior gobierno socialista.
La idea de que esto pueda desarrollarse tal como está planteado, al haber asumido el magistrado la ponencia que anteriormente se encontraba en manos de Elisa Pérez Vera, también de Granada y famosa por la impoluta imparcialidad de sus sentencias, vuelve a dejar a la justicia española a un paso del esperpento, peligroso modo literario del que le cuesta alejarse en los últimos tiempos.
Ollero ni puede ni debe ser el redactor de esa sentencia. No ya por el resultado de la misma que, dada la correlación de fuerzas políticas en el Constitucional, será sin duda, parcial. Sino simplemente por un mínimo respeto a este país y a su justicia. Eso que, en la teoría se configura como un poder independiente del Estado, pero que tiene como función garantizar el funcionamiento democrático del Estado. Palabras como independencia, imparcialidad, rigor pueden quedar vacías de contenido.
Ollero simplemente, por sus fidelidades políticas, por sus fidelidades sectarias religiosas y por su pasado, ni está capacitado ni puede ser competente para ello.
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