PROPUESTAS ELECTORALES

1PROPUESTAS ELECTORALES. CULTURA

• 1  -   Hasta ahora se ha reivindicado y reconocido que la cultura es un derecho de los ciudadanos, a partir de ahora, hay que dar un paso más y  entender que el papel de la Administración es el de, sobre todo, garantizar ese derecho.

• 2-    Dentro de la cultura, el Patrimonio Histórico ocupa un papel de especial importancia porque es soporte de valores sociales imprescindibles en la sociedad; es soporte del pasado, de la memoria y de la identidad, proporciona disfrute, formación y conocimiento, aporta argumentos a la convivencia, a la diversidad, al respeto y a la paz y es, sobre todo y por encima de todo, garantía de futuro. Por eso la gestión de la cultura debe ser rigurosa, crítica, profesional, abierta, participativa y democrática.

• 3-    Pero además la cultura y el patrimonio histórico son un recurso económico de importancia fundamental en una sociedad cada vez más vinculada a actividades económicas dedicadas al ocio. Como recurso económico la cultura y el patrimonio son un bien escaso y de evidente fragilidad. Su sobre explotación desde exclusivos mecanismos de mercado, vinculados sobre todo al turismo, conduce de forma inevitable a su manipulación, falsificación, empobrecimiento y destrucción.

• 4-    La gestión de los recursos patrimoniales evitará, especialmente, poner en peligro su integridad y atenderá, fundamentalmente, a su protección, a su conservación y a desarrollar y potenciar los valores sociales a ellos asociados. No se entenderá su rentabilización o explotación económica sin atender a su rentabilidad social y a su protección.  

• 5-    Se reforzará el carácter público de los bienes patrimoniales, tanto los que son propiedad pública, como aquellos que la actual Ley define como bienes demaniales, resultado, fundamentalmente, de las excavaciones arqueológicas y de los hallazgos casuales. Desde este objetivo, es prioritario, recuperar como bienes públicos las inmatriculaciones de patrimonio histórico realizadas por la iglesia católica como la mezquita de Córdoba, o las donaciones de bienes públicos a entidades religiosas como el Hospital de san Juan de Dios de Granada.

• 6-    Se definirán de forma precisa las obligaciones de la Administración respecto a los bienes patrimoniales declarados. En la actualidad la norma contempla de forma explícita las obligaciones de propietarios, pero deja sin definir las obligaciones de la propia Administración y su responsabilidad subsidiaria.

• 7-    Las acciones de la Administración atenderán a objetivos definidos desde una planificación rigurosa, participativa y democrática. Desde este principio básico de gestión, se eliminarán las practicas destinadas a efectos propagandísticos, mediáticos, electoralistas, etc, en la gestión del Patrimonio Histórico y, sobre todo, en las inversiones en él realizadas.

• 8-    En la consecución de estos objetivos, la Administración competente en materia de patrimonio histórico,

a) Se dotará de los recursos adecuados, tanto financieros como técnicos y humanos para llevar a cabo sus funciones.

b) En cuanto a los recursos humanos, se revisarán y reordenarán aquellos instrumentos genéricamente conocidos como "entes instrumentales" o “administración paralela” en especial la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales y el IAPH revisando los procesos de acceso y selección del personal de los últimos años, así como sus objetivos, evitando en todo caso, el solape de funciones que se da en la actualidad.

c) En cuanto a los recursos financieros y a los presupuestos deberán ser transparentes, públicos, provincializados y desconcentrados no sólo en la gestión, sino también en la selección de objetivos. Además se regirán por un principio básico de proporcionalidad, distribución justa y solidaridad.

d)  Establecerá los mecanismos necesarios de cooperación con otras administraciones.

e) Establecerá las medidas fiscales pertinentes, en el ámbito de su competencia, para potenciar la inversión privada en materia de patrimonio. En especial en aquellos casos en los que las inversiones deviene en obligatorias derivadas del planeamiento de protección como son las actividades arqueológicas preventivas y que se desgravarán en la fiscalidad autonómica.